Historia ministerio de justicia

Diego Portales fue el primero en ocupar -en calidad de interino- el máximo cargo del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, secretaría de Estado creada el 1 de febrero de 1837 bajo la presidencia de don José Joaquín Prieto. El 26 de Junioio de ese mismo año, Mariano Egaña asumió en calidad de titular.

El Ministerio tenía como misión ocuparse de “todo cuanto por las leyes toca al Gobierno, en lo relativo a la organización del sistema judicial, régimen y despacho de los juzgados y tribunales”, así como “promover y velar sobre la recta, pronta y cumplida administración de justicia”.

En 1887 esta Secretaría de Estado pasó a llamarse Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, desligándose del Ministerio de Culto, situación que se mantuvo hasta fines del siglo XIX.

Recién en Julio de 1899, con la dictación de la Ley Nº 1.297, se separan definitivamente los ministerios de Justicia y de Instrucción Pública.

El año 1927 se dictó la ley de Ministerios, el DFL Nº 7.912, que dio vida a nueve Secretarias de Estado: Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Educación Pública, Justicia, Guerra, Marina, Fomento y Bienestar Social. Este decreto rigió al Ministerio de Justicia hasta el 22 de mayo de 1980, fecha en que se publicó el Decreto Ley Nº 3.346, que fijó la Ley Orgánica de la cartera.
Posteriormente, el 23 de Enero de 1981, entró en vigencia el actual reglamento orgánico.

El edificio que ocupa actualmente el Ministerio de Justicia es obra del arquitecto chileno Ricardo González Cortés, también autor de los dos edificios vecinos, por calle Moneda y Morandé, que rodean a esta monumental e histórica obra.

Su diseño -de 12 plantas- data de1928 y su destino fue servir de sede al Seguro Obrero. Esta edificación está emplazada en pleno Barrio Cívico de Santiago y alberga a la cartera de Justicia desde Noviembre de 1989.

En efecto, el Ministerio de Justicia no tuvo sede propia antes de 1989, por lo transitó por varios conocidos edificios, como la actual sede de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, ubicada en la intersección de Agustinas y Amunátegui, para posteriormente instalarse durante casi todo el Régimen Militar en el edificio del antiguo Congreso Nacional (1974-1989).

Probidad y transparencia en la gestión pública

La amenaza de la corrupción es algo contra lo que todo gobierno tiene que lidiar en mayor o menor medida. El aprovechamiento de los recursos fiscales y de la confianza pública para lograr beneficios personales tiene muchas formas de tomar lugar. Hay ciertas prácticas que evidentemente son corruptas, como el intercambio de dinero por favores o el uso de un puesto público para ocultar actividades delictivas, y otras menos evidentes, como el tráfico de influencias (que no debe confundirse con el "lobby", pues éste se da cuando existe una reglamentación). Según la organización no gubernamental Transparencia Internacional, el sector más afectado por la corrupción en el mundo es el de los partidos políticos, seguido por los parlamentos, la policía, el Poder Judicial y el sistema de impuestos. Son innegables los efectos negativos que esta mala práctica causa en dichas áreas, como mala distribución de los servicios, desatención del bien común en pos de beneficios personales, reducción de la representatividad popular en el diseño de leyes y políticas públicas, ineficiencia en la administración estatal, aumento de costos para los inversionistas al tener que pagar coimas y, en general, una pérdida de la confianza en los gobiernos y las instituciones. Es por eso que varios gobiernos se han embarcado en iniciativas a favor de la transparencia pública y, por ende, de la erradicación de la corrupción. La idea es que los índices de corrupción disminuyan (o mejor aún desaparezcan) mediante medidas que maximicen la entrega a la ciudadanía de información sobre la gestión de las autoridades, la manera en que se negocian contratos con el sector privado, los mecanismos de nombramientos en cargos públicos o de alta responsabilidad y los procedimientos de financiamiento de obras y actividades de relevancia pública. La tendencia es clara en el mundo. Naciones como Francia, Estados Unidos y Argentina han incorporado en su normativa leyes que obligan a los funcionarios públicos, sin importar su jerarquía, a hacer declaraciones de patrimonio, a evitar cualquier gestión en el ejercicio de su cargo que tenga directa incidencia en sus intereses personales, a dar el máximo de información sobre su gestión a la ciudadanía y a mantener en todo momento un comportamiento ejemplar y un completo resguardo a las normas de sus respectivas constituciones. Chile también ha seguido esta tendencia. Una muestra clara de ello es la reforma a la Constitución de 1980: en su artículo 8° se obliga a los funcionarios públicos a tener un estricto cumplimiento de los principios de probidad; también establece que todas las resoluciones de órganos del Estado deben hacerse públicas, salvo casos específicos. Anteriormente fue creada la ley de probidad durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que obliga a las altas autoridades del Poder Ejecutivo (ministros, subsecretarios, intendentes, etc.) y del Poder Judicial a hacer una declaración de bienes e intereses al asumir sus cargos y en períodos regulares durante sus gestiones. La misma ley obliga a los parlamentarios a hacer una similar declaración de intereses, a conservar una conducta intachable, a promover el contenido y fundamentos de todas las decisiones que adopten. Estos aspectos también están presentes en los numerosos proyectos de ley que el Congreso Nacional está tramitando y que tocan este crucial tema. Entre estos proyectos se cuentan la regulación del 'lobby', el castigo a prácticas nepotistas, las sanciones al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y la clara definición de qué actividades son incompatibles con el ejercicio de un cargo público. Incluso se proponen reformas a leyes orgánicas constitucionales y a la misma Constitución para prohibir que los parlamentarios entren en conflicto de intereses con sus responsabilidades como legisladores popularmente electos o con el Estado (por ejemplo, el celebrar un contrato con el Fisco en el que el parlamentario obtenga beneficio monetario sería causal para dejar el cargo). Los proyectos prioritarios están en lo que el Gobierno denomina Agenda de probidad, transparencia, calidad de la política y modernización del Estado, que tienen que ver con acceso a la información pública, transparencia en la asignación de recursos fiscales y control de gastos electorales, entre otros.

Modificada ley de protección agrícola

La Ley N° 20.161 publicada el 9 de marzo de 2007, dispone que el SAG revisará los vegetales, animales, productos de origen vegetal o animal, productos químicos y biológico para uso en actividades agrícolas, los productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario y productos para alimentación animal que pretendan ingresarse al país.Tras la revisión, el organismo podrá decretar libertad de ingreso, reexportación, desinfección o desinfectación, industrialización, cuarentena o eliminación. Los gastos de la ejecución de estas medidas, estarán a cargo de los importadores o interesados.

Vea como se tramito la ley en: http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?3770-01

Madres podrán recibir directamente asignación familiar de hijos menores

Ya es ley la modificación que permite entregar directamente este beneficio a las madres de menores de edad, sin que se requiera contar con la voluntad del beneficiario.
La nueva normativa también incorpora como causante de asignación familiar a los menores que por sentencia judicial se encuentren bajo una medida de protección. Para ello, se modifica el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disponiendo que los beneficiarios de asignación familiar pueden, a través de la madre, cobrar directamente del empleador del marido el beneficio, en tanto ella así lo requiera, sin el consentimiento del trabajador. Empleadores no podrán oponerseEl articulado preceptúa claramente que los empleadores y las entidades pagadoras de las asignaciones familiares no podrán rechazar esta solicitud. En segundo término, la iniciativa extiende el beneficio de asignación familiar a los menores en situación de riesgo y bajo régimen de protección social. Niños en riesgoDurante la discusión en la Cámara de Diputados, la Subsecretaria de Previsión Social, Lyssette García, explicó que este beneficio se aplicaba a los niños en riesgo, pero con las modificaciones a la ley de los tribunales de familia, cambiaron las concordancias legales necesarias para pagarlo, por lo que, sin perjuicio de que ocasionalmente se cancele, se requiere de la modificación para regularizarlo.El mayor gasto de esta iniciativa, se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público. Al respecto, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos consigna que el costo fiscal para 2007 es de $131 millones de pesos, por la incorporación de 3.453 nuevos menores como causantes de asignación familiar. La nueva ley, que lleva el número 20.172, fue publicada en el Diario Oficial el pasado 14 de febrero. Jueves 1 de marzo de 2007

Proponen regular régimen alimenticio de alumnos en actividad física deportiva

Diputados de la UDI, mediante una moción, plantearon su preocupación por las altas cifras de obesidad en los escolares y pidieron regular raciones alimenticias.
Los diputados Enrique Estay, Gonzalo Arenas, Sergio Correa, Andrés Egaña, Alejandro García-Huidobro, Javier Hernández, Juan Lobos, Juan Masferrer, Manuel Rojas e Ignacio Urrutia, señalan que no se ha regulado que estas raciones se adecuen en los días en que los niños y jóvenes realizan actividad física.Según cifras del Instituto para la Nutrición Infantil de la Universidad de Chile, el 30% de los escolares presenta obesidad en Chile.Los legisladores recalcan que la práctica de ejercicio físico de manera permanente, bajo supervisión profesional se constituye en una eficaz herramienta de salud preventiva, evitando accidentes y enfermedades.Por ello es necesario que además, los establecimientos educacionales básicos y medios, entreguen a sus alumnos -previa o posteriormente a la realización de un deporte, gimnasia o actividad física-, raciones alimenticias adecuadas a este hecho, y considerar de manera particular las condiciones nutricionales y metabólicas del organismo.El texto, individualizado con el boletín N° 4866 se remitió a la Comisión de Salud.

CAMARA DE DIPUTADOS N O T I C I A S

Un grupo de diputados de diferentes bancadas presentaron una moción que introduce cambios a la ley de violencia en los estadios para combatir los actos delictuales.

Los autores son los diputados Francisco Chahuán, Roberto Sepúlveda, Sergio Correa, Gonzalo Duarte, Patricio Hales, Carlos Abel Jarpa, Cristián Monckeberg, Carlos Montes, Osvaldo Palma y Manuel Rojas.Los diputados señalan que si bien esta ley es una importante herramienta para combatir la violencia, es necesario perfeccionarla.En síntesis, las modificaciones propuestas a la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, son:- Las autorizaciones otorgadas por el Intendente a los estadios o recintos deportivos, con el objeto de acreditar que se reúnen las condiciones de seguridad para efectuar espectáculos de fútbol profesional, tendrán una duración máxima de un año debiendo actualizarse luego de este plazo, con la evaluación de dichos campos o recintos deportivos.- Los organizadores de un espectáculo de fútbol profesional deberán designar un Jefe de Seguridad, el que deberá registrarse en Carabineros y el cual podrá contratar guardias de seguridad, a quienes se les aplicará las disposiciones del artículo 5° bis del Decreto Ley N° 3607 y su reglamento, contemplado en el Decreto Supremo N° 85, de 1993, del Ministerio de Defensa Nacional.- Los organizadores deberán implementar medidas adicionales como cámaras de vigilancia y detectores de metal en el número que indique la Intendencia, previo informe de Carabineros; y coordinar con los medios de comunicación la indumentaria, credenciales y lugar que ocuparán sus profesionales en el recinto.- Se faculta al Intendente para solicitar a los organizadores una caución por los posibles daños a bienes públicos y privados.- Se precisa el concepto de barra, y se establece que el club deberá actualizar anualmente el padrón de las mismas ante la Intendencia.- Se sanciona la reventa de entradas con multas de 4 a 20 UTM.- Se establece que los jueces de garantía, cuando aprueben salidas alternativas o suspensiones condicionales del procedimiento, en el evento que se imponga sentencia condenatoria, deberán imponer asimismo, la pena accesoria de prohibición de asistencia a los estadios o recintos deportivos, durante el tiempo que dure la condena. - Se faculta a Carabineros para realizar control de identidad en el recinto y sus inmediaciones desde 3 horas antes y hasta 3 horas después del evento.La iniciativa, individualizada con el Boletín N° 4864, fue remitida para su estudio la Comisión Especial de Deportes.Lunes 5 de Marzo de 2007

Principios de la mediacion.

1.-El principio de voluntariedad significa que las partes participan de manera libre y sin que ninguna autoridad los obligue. También pueden abandonar en cualquier momento el proceso de mediación sin que signifique un perjuicio para la parte que tomó esa decisión.

2.-El principio de igualdad de condiciones de las partes significa que ninguna de ella puede abusar de la situación de inferioridad de la otra, de su error o ignorancia pretendiendo lograr un acuerdo desequilibrado o manifiestamente injusto.

3.-El principio de interés superior del niño, niña, adolescente o terceros interesados que significa que las partes y el mediador deberán procurar el bienestar de los niños y niñas y tomar en cuenta sus necesidades al momento de llegar a acuerdos.

4.-El principio de confidencialidad que significa que el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y no podrá revelar su contenido a menos que las partes, de común acuerdo, lo autoricen.

5.-El principio de protagonismo de las partes que significa que ellas mismas son las que buscan una solución al conflicto, ayudados por la persona mediadora, quien no les impone un determinado acuerdo.

6.-El principio de imparcialidad que significa que el mediador/a no debe tomar partido por ninguna de las partes del proceso y que sus creencias no pueden convertirlo en aliado de una de las partes.

Refuerzan la Prevención y Atención de Vih- Sida al Interior de las Cárceles

- Ministras (s) de Justicia y Salud, Verónica Baraona y Lidia Amarales, respectivamente, renovaron convenio para los años 2007- 2010 entre Ministerio de Salud y Gendarmería, para la prevención y atención del VIH SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) al interior de las unidades penales del país. - Ministerio de Salud, a través del Programa de Prevención VIH/ SIDA/ETS en Poblaciones Vulnerables Prioritarias, dispone de $197 millones de pesos a los que pueden postular proyectos para la población penitenciaria. - El trabajo en conjunto se inició el 2002 y a la fecha se han atendido 467 internos VIH positivos. De ellos, 78 han manifestado la enfermedad y han recibido la triterapia de manera gratuita, como cualquier usuario del sistema público de Salud.

El refuerzo del Programa Nacional de Prevención y Atención del VIH SIDA y ETS al interior de las unidades penales anunciaron hoy las Ministras (s) de Justicia, Verónica Baraona, y de Salud, Lidia Amarales, tras renovar la suscripción del Convenio Marco entre el Ministerio de Salud y Gendarmería que ha permitido desde el año 2002 a la fecha dar atención a más de 467 internos e internas en todo el país y entregar triterapia a todos quienes han manifestado la enfermedad.

El Programa dispone este año 2007 de $ 197 millones de pesos para la población vulnerable prioritaria, entre los que se cuentan las personas privadas de libertad, que actualmente suman cerca de 42 mil en todo el país.
Desde 1987 a la fecha, se han detectado 467 personas VIH positivas al interior de losr ecintos penales. 241 de ellas ya se encuentran en libertad. Actualmente (año 2007) son 143 las personas privadas de libertad VIH positivas, 71 de ellas están en la Región Metropolitana y 72 están en regiones. El año 2006 se pequisaron 15 nuevos caso VIH positivo y se iniciaron 14 triterapias.

El Programa Nacional de VIH/SIDA en Gendarmería promueve la prevención de la infección por VIH, la pesquisa de personas que viven con el VIH, y su atención preferencial, enfrentando el desarrollo de la epidemia, a través de herramientas epidemiológicas acordes a la realidad carcelaria chilena con intervenciones como consejería, prevención, pesquisa y atención de salud integral.

El convenio del 2002 ha permitido desarrollar actividades en uno de los denominados grupos vulnerables –personas privadas de libertad- con actividades de prevención, pero ha significado también otorgar una atención de salud integral a aquellas personas privadas de libertad que ya viven con el VIH y las que ya están enfermas de SIDA.

Es así como desde su implementación a la fecha, se han realizado actividades de capacitación para más de más de 11 mil 600 personas privadas de libertad de todo el país, elaboración de material educativo para difundir al interior de las unidades penales, Creación de Conserjerías para los internos. Gendarmería ha recibido el apoyo en material educativo de difusión, para fomentar las actividades de prevención de ETS y VIH/SIDA dirigidas a reclusos y funcionarios, incluidos preservativos para apoyar la prevención en personas con conductas de riesgo que se distribuyen en todo el país. Se elaboró además un Instructivo para la Atención de Personas Privadas de Libertad con VIH SIDA, que contiene principios básicos de derechos humanos, salud pública y clínica. Luego de varios años de experiencia en el trabajo con personas privadas de libertad, la labor conjunta entre los ministerios de Justicia y Salud ha dado como resultado el exitoso trabajo en que se abordan todos aquellos factores no biológicos que afectan el bienestar de la población.

Extensa discusión antipiratería en el Congreso

28 de febrero 2007

Según un estudio realizado por la Unión Europea en 63 países, Chile ocupa el cuarto lugar en materia de piratería y violación de los derechos de propiedad intelectual después de China, Argentina y Malasia. Los favoritos son la música, películas, softwares, diseños de vestuario y muebles, y productos farmacéuticos.

La iniciativa del Ejecutivo, que ingresó el 22 de enero de 2004 al Parlamento para combatir de forma más severa la piratería y otorgar más y mejores instrumentos legales para investigar estos delitos y sancionarlos, se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Según la Comisión Nacional Antipiratería, el comercio ilegal en Chile genera pérdidas anuales por sobre los 200 millones de dólares. La más afectada es la industria informática, debido a los altos costos de sus productos. Le siguen la industria editorial, la fonográfica y la venta de videos ilegales.

Ministro del Trabajo (s), Zarko Luksic sobre paro de choferes:

“La Firma de Contratos en Blanco Constituye un Fraude Laboral”
El Ministro (s) del Trabajo y Previsión Social, Zarko Luksic, rechazó categóricamente el que algunos trabajadores del Transantiago hayan sido forzados a firmar contratos de trabajo en blanco.

El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo, ha solicitado a todas las empresas concesionarias del Transantiago la nómina de todos sus trabajadores y la presentación de todos los contratos escriturados de aquellos. Así lo informó el ministro (s) Zarko Luksic, en conferencia de prensa, junto al director (s) del Trabajo, Christian Alviz. "Esto significa, la presentación de todos los contratos con las cláusulas mínimas que deben ellos contener, además de estar debidamente firmados por el empleador y cada trabajador" explicó Luksic.

Agregó que en los últimos días se han intensificado las fiscalizaciones en los terminales de los microbuses y que "sin prejuicio de ello, se ha continuado la fiscalización en cada uno de los terminales y se ha sancionado condiciones de saneamiento básico y jornada laboral".
Luksic calificó de "inaceptable la exigencia a los trabajadores de firmar contratos en blanco, ya que es una forma de eludir las obligaciones básicas del empleador respecto de sus trabajadores y constituye un fraude laboral", Sostuvo que se continuará con el intenso plan de fiscalización que se está llevando a cabo en toda la Región Metropolitana de manera de sancionar fuertemente este tipo de conductas irregulares.

Sólo en el marco de las fiscalizaciones que se han realizado desde el 5 de febrero en adelante las multas bordean los 100 millones de pesos.

Habrá multas por no usar sillas para niños en vehículos.

26 de febrero 2007

El Decreto N° 176 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estableció los requisitos que deberán cumplir las sillas para niños menores de cuatro años que viajen en los asientos traseros de un vehículo. Su incumplimiento puede significar una infracción grave a la Ley del Tránsito de hasta 1,5 UTM ($ 48.000).

Las sillas deberán contar con una correa entre las piernas, para evitar que el niño se desplace hacia abajo. También tendrán que traer las instrucciones y advertencias con ilustraciones y en español, informar el año de fabricación, la dirección de la marca que la hizo y el rango de peso que soporta, entre otros.

¿Por que Chile se puso obeso?

Para la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Chile, Mirta Crovetto, el incremento de peso entre los chilenos puede explicarse por varios factores. Uno de ellos es el hecho de que “la población mejoró su nivel de ingresos. Esto hizo que tuviera acceso a una mayor oferta de alimentos, pero no hubo políticas que regularan la calidad de la comida a la que se estaba accediendo. Así, las personas se dedicaron a consumir alimentos procesados con alta densidad energética”.

A esto, agrega sus sospechas acerca de “la manera en que funciona el modelo económico que sustentamos, pues la exacerbación del consumo lleva también a comprar alimentos en mayor cantidad”.

La Estrategia Global contra la Obesidad para Chile (Ego Chile), iniciativa de la OMS aplicada en Chile por el Ministerio de Salud (Minsal), plantea que “al importante descenso de la fecundidad y la mortalidad en todas las edades, se suma el incremento de la esperanza de vida al nacer: hoy, las personas viven, en promedio, 17 años más que en 1965”.

También están el desarrollo tecnológico, la globalización de las comunicaciones y el comercio; los cambios ambientales, como el proceso de urbanización creciente, que ha mejorado el acceso al agua potable y alcantarillado, disminuyendo las enfermedades infecciosas.

Los cambios socioeconómicos, como la capacidad de compra de alimentos y otros, han impactado el estilo de vida de los chilenos, generando consecuencias negativas. Un ejemplo de ello es el cambio en el estilo de alimentación hacia una dieta caracterizada por un alto consumo de alimentos procesados, como comida rápida rica en grasas totales, grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares simples y altamente calórica.

Además ha aumentado la compra de bienes de consumo que disminuyen la actividad física, como sucede con el uso de automóviles, electrodomésticos y televisores. De hecho, el sedentarismo afecta a más del 90% de la población chilena. De acuerdo a las estadísticas actuales, en 2010 Chile tendrá 4.350.969 personas obesas. De ellas, 2.732.015 corresponderán a adultos, casi 1 millón 300 mil serán niños y 324.305 adultos mayores. Sumado a la población con sobrepeso, equivalente a 4.679.400, se alcanzaría un total de 9.030.369 personas. Es decir, casi 10 millones de chilenos afectados por sobrepeso para el bicentenario.

Mas Informacion en: http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-09-25.0806013222

La pildora del dia despues.

Tras la publicación del decreto supremo Nº48 que permite -nuevamente- al sistema público de salud entregar la píldora del día después a mayores de 14 años sin el consentimiento de sus padres, varios municipios -nuevamente- se niegan a entregarla, y otros anuncian acciones legales para impugnar la medida.

Lo cierto es que ésta es sólo una de las medidas que contempla la normativa nacional establecida por el gobierno para regular la fertilidad en el país. Más allá de la batalla por la píldora del día después, no se debe perder de vista algunos de los fundamentos que dieron origen a esta regulación, como por ejemplo, las altas tasas de embarazo adolescente.

A través de ella se pretende garantizar el acceso de los adolescentes a métodos anticonceptivos en el ámbito público, además de facilitarles información sobre salud sexual y reproductiva.Ya en 2000 el Ministerio de Salud (MINSAL) fijó tres objetivos para regular la fertilidad en los próximos 10 años: reducir los embarazos no deseados en adolescentes, disminuir la inequidad reproductiva por desigualdades económicas y de género, y reducir el aborto.

Trabajadores tendrán permiso laboral por nacimiento o muerte de un hijo o cónyuge.

La Ley N° 20.137 modifica el Código del Trabajo estableciendo que en caso de muerte de un hijo o del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado y que será adicional al feriado anual. También tendrán un permiso de tres días hábiles aquellos trabajadores en el caso de muerte de un hijo en período de gestación. Ambos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día en que ocurrió el fallecimiento. Si es una defunción fetal, se hará efectivo desde el momento en que se acredite la muerte y con el certificado de defunción. Esta norma se inició a través de una moción presentada al Parlamento por los diputados Sergio Aguiló (PS), René Alinco (PPD), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Fernando Meza (PRSD), Clemira Pacheco (PS) , Denise Pascal (PS) y Raúl Súnico (PS) el 14 de junio de 2006.

Descargue la ley en formato pdf:

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/original/256450.pdf

Deudores Hipotecarios.

Beneficios para deudores de créditos hipotecarios19 de febrero 2007

La Ley N° 20.165 faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, establezca las normas necesarias para que los deudores de créditos hipotecarios y saldos relacionados con préstamos para vivienda otorgados por el fisco, puedan ser renegociados, reprogramados o para que se otorgue una condonación parcial a los créditos.

Se podrá condonar totalmente los préstamos para vivienda de aquellas personas que sean calificadas como indigentes y se encuentren al día en el pago de sus dividendos.

Esta ley se inició a través de un mensaje del Ejecutivo presentado al Parlamento el 12 de julio de 2005 y aprobado el 17 de enero de 2007.

Vea como se tramito esta ley:

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?3924-14

Mas informacion en: http://www.bcn.cl